Según Gustavo Alanís Ortega, en su columna de hoy en el
Universal, los decretos que firmó EPN “modifican el nivel de control sobre las concesiones
y la protección de las cuencas hidrológicas pasando de la veda, donde no se
permiten concesiones adicionales, a la reserva, donde se protege una parte del
agua de la cuenca para usos urbanos y de protección al ambiente, y la otra
parte se libera para ser concesionada”.
Es decir, se pasa de la prohibición del uso de agua de esa
cuenca a la reserva de un porcentaje de ella y la concesión del excedente.
No se privatiza, como se ha dicho por ahí, lo que no quiere
decir que hayan sido decretos que promuevan el beneficio del medio ambiente y
de los mexicanos en general.
Alanís Ortega destaca las siguientes consideraciones acerca
de estos:
1. “Oportunidad de los estudios técnicos”: la información
técnica en la que se basó el ejecutivo federal para decretar la reserva es
obsoleta, lo que de cierta manera incumple con la ley de Aguas Nacionales que
exige un estudio técnico para decretar zonas de veda y de reserva.
2. “Anormalidades en el proceso de mejora regulatoria de los
Decretos”: En pocas palabras, para llevar a cabo el decreto, el Ejecutivo debió
“someter a consulta pública todos los actos objeto de la evaluación”. Y aunque
efectivamente los diez decretos en cuestión fueron puestos a consideración del respetable,
hubo por ahí en algunos de ellos cambios que modificaron “sustancialmente el
texto originalmente propuesto”.
3. Implementación de los decretos en el contexto actual: En
resumen, la CONAGUA es incapaz de llevar a cabo un buen proceso de regulación y
de inspección para que efectivamente “se aproveche el agua de acuerdo con la
disponibilidad de la misma”.
4. Afectaciones a los derechos humanos de los pueblos
indígenas: textualmente “los pueblos indígenas no fueron informados, ni
consultados, conforme lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, ni se estableció medida alguna para proteger su territorio y
garantizar sus derechos humanos”.
En conclusión y ante este panorama, Gustavo Alanís apunta
que difícilmente se sostendría que las disposiciones de los decretos se cumplan
de acuerdo con principios de equidad y sustentabilidad socioambiental, sino todo lo contrario.
Aquí la liga a su columna
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